Este sábado se realizaron 14 allanamientos en simultáneo por infracción a la Ley 23.737, que fueron solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto a cargo de los doctores Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y ordenados por el doctor Aurelio Cuello Murúa, Juez Federal de esa ciudad.
Los operativos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina con la colaboración de otras 20 unidades y un total aproximado de 60 efectivos.
Se trata de dos investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Federal, una de ellas iniciada a partir de la recepción de denuncias en el BUZÓN DE LA VIDA DE RUFINO y la restante por la información que surgía de intervenciones telefónicas dispuestas en el marco de otra investigación. La nota saliente es que una de ellas tramitó bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal, mientras la restante se inició con anterioridad a la vigencia del mismo.
Luego de meses de ardua investigación, se logró identificar a la proveedora de la organización Giuliana I.M., que vive en el partido de La Matanza, Buenos Aires, la cual proveía droga a la banda, la que luego era distribuida en Venado Tuerto, Rufino, María Teresa y otras localidades cercanas.
A raíz del resultado de los allanamientos, el Juzgado Federal dispuso la detención de la proveedora, a quien se le tomará declaración indagatoria por delitos previstos en la ley 23.737, mientras que los restantes involucrados, un total de 14 personas -entre ellos, Diego T., Bruno R., Karen B., Milton O., Julián C. y Agustín G.- se encuentran supeditados a las causas y serán imputados en los próximos días.
A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro material estupefaciente -más de medio kilo de cocaína, más de un kilo de marihuana-; elementos de fraccionamiento y pesaje (pipas, balanzas de precisión, picadores); 6 vehículos; 3 motocicletas, 2 armas de fuego 9 mm.; aproximadamente 77 municiones, más de $4.100 dólares, más de $5.500.000 de pesos argentinos (en efectivo), cerca de $1.100 pesos bolivianos, cerca de 12 teléfonos celulares, 1 notebook, 1 tablet, pendrives y documentación.
