La reciente condena de 15 años a Pedro Ortiz y Hontoria, miembro del Instituto de los "Hermanos del Sagrado Corazón", por el abuso sexual de al menos cuatro alumnas del Colegio Sagrado Corazón, desató una ola de comentarios en redes sociales. Entre las críticas más repetidas, muchos usuarios exigen: “Dejen de decirle Hermano”.
La sentencia judicial conocida el pasado 30 de julio generó conmoción y repudio, pero también abrió una nueva polémica: el modo en que la institución sigue refiriéndose al condenado. Diversos comentarios apuntan a la contradicción entre los valores que proclama la congregación religiosa y los hechos aberrantes por los que Ortiz fue encontrado culpable.
La imagen del "Hermano", cuestionada
En su sitio web, el Colegio Sagrado Corazón define así la vocación religiosa de sus miembros: “Ser Hermano es descubrir la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia, y nos dedicamos a la evangelización de niños y jóvenes por medio de la educación”.
Sin embargo, esa misma identidad es hoy objeto de fuerte cuestionamiento. En un video institucional publicado hace mucho tiempo por la escuela, donde varios religiosos del colegio, incluido el ahora condenado Pedro Ortiz, dan testimonio de su vocación. En ese material, Ortiz expresa: “Es una forma de vivir la vocación, el proyecto personal, la realización, la forma de cada uno de ser feliz. Es la forma de vivir el proyecto personal y el proyecto de Dios encarnado en cada uno”.
Las imágenes, que buscaban mostrar el carisma de los Hermanos del Sagrado Corazón, hoy resultan dolorosas para muchas víctimas y familias de la comunidad educativa.
Exigen una revisión institucional
Tras conocerse el fallo judicial, la comunidad escolar exige al colegio una revisión profunda de sus discursos y representaciones públicas. Muchos consideran inapropiado seguir otorgando el título de "Hermano" a una persona condenada por abusos sexuales, más aún cuando dicho título está ligado a valores como el cuidado, la guía espiritual y el trabajo con jóvenes.
El caso, que aún podría ser apelado, deja una herida abierta en la ciudad y plantea un debate sobre la responsabilidad institucional en la construcción de autoridad y confianza, especialmente en ámbitos religiosos y educativos.
