El estado calamitoso de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe motivó una medida llamativa por parte del gobierno provincial: colocar carteles rojos en los accesos para advertir a los conductores que están ingresando a caminos de jurisdicción nacional abandonados por el Estado. Así lo explicó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10 y enfatizó que «les importa un bledo realmente lo que pase en el interior con las rutas”.
“Santa Fe tiene un total de 2.685 kilómetros de rutas nacionales en distintos tramos del territorio. Hay un abandono muy grande y notorio, y la gente lo está padeciendo muchísimo todos los días”, aseguró el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico en Radio 10. Frente al desinterés del gobierno nacional, se impulsó la iniciativa de los carteles, como una forma de “denunciar el mal estado” y dejar en claro a los ciudadanos que la responsabilidad no es provincial.
El funcionario fue tajante al describir la posición del gobierno de Javier Milei: “Hay un desinterés. Les importa un bledo realmente lo que pase en el interior con las rutas”, disparó. Y cuestionó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había minimizado la problemática: “Eso es una postura clara de parte de ellos, lo cual es lamentable. Esto afecta la seguridad vial, la vida de las personas. Además, manejás con estrés”.
Enrico también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la paralización total de la obra vial. “Ese dinero que se recauda con cada litro de nafta o diésel, que se cobra segundo a segundo, es para reparar rutas. Pero el Ministerio de Economía lo chupa, lo pisa, compra letras del Tesoro y mientras tanto las rutas están hechas un desastre”, denunció.
¿Acción judicial contra la Nación?
Consultado sobre una posible denuncia penal por los accidentes vinculados al estado de las rutas, Enrico no lo descartó: “Es una decisión que están analizando los gobernadores, porque se han incumplido compromisos firmados. Nos tiraron varias obras públicas para que las termine la provincia, y lo estamos haciendo, pero las rutas nacionales son obligación del Estado Nacional, no es una opción”.
El ministro relató que hubo reuniones y acuerdos concretos firmados con Nación, incluso uno fechado el 24 de junio en la Casa Rosada. “Se dijo: ‘Lo más importante para Santa Fe es que reparen las rutas’. Y Franco (ministro del Interior) dice todo que sí, pero no llegó ni un peso”, denunció. A eso se suma la falta de continuidad institucional: “Cada tres meses echan un funcionario y ponen a otro. Nunca hay estabilidad. No se puede trabajar así. Es muy caótico, todo desorganizado”.
La situación no es solo estructural, sino también financiera. Enrico detalló los altos costos del mantenimiento: “Tuvimos que salir a repavimentar un tramo de 60 km de una ruta provincial, y la obra costó 1.000 millones de pesos. Tapar baches no es tirar brea: hay que romper, llegar a profundidad y volver a asfaltar”.
Advirtió que el deterioro creciente solo agravará los costos futuros: “La recuperación del activo vial que estamos destrozando va a llevar muchísimo dinero. Esto es muy triste, porque es una red que el país y la gente necesita todos los días”.
Como ejemplo de la desidia, contó un caso cercano: “Un gomero que está al costado de la ruta 33 muestra todos los días fotos de llantas destrozadas por los pozos. La gente rompe el auto yendo al trabajo, al médico o con la familia, y no hay respuesta”.
El camino del abandono
La eliminación de Vialidad Nacional, sumada a la falta de inversión, genera un panorama desolador. “Ya no sabés a quién reclamar. Esto, si sigue así, va a terminar en la Justicia. Se están quedando con dinero que es para rutas y no las reparan. Y la gente se está accidentando y matando”, advirtió Enrico.
Concluyó con un mensaje duro: “Ninguno de estos funcionarios salió de la General Paz. Si estos pozos estuvieran al lado del Obelisco, ya los habrían tapado”.
Así, Santa Fe se convierte en un espejo de lo que ocurre en muchas otras provincias: rutas nacionales destruidas, fondos congelados y un gobierno nacional que, según sus críticos, ha abandonado sus responsabilidades más básicas.